Crecer y redistribuir

El actual desempeño de la economía peruana es muy bueno desde el punto de vista macroeconómico: han crecido las exportaciones y las reservas internacionales y tenemos superávit fiscal y de la cuenta corriente de la Balanza de Pagos. El indicador más relevante, el Producto Bruto Interno (PBI), viene creciendo desde hacer varios años y en el 2007 creció 9%, comparable a los países del Sudeste Asiático.

Para los economistas ortodoxos, el solo crecimiento del PBI es condición necesaria y suficiente para la creación de empleos, el aumento de los salarios y la consecuente disminución de la pobreza y la reducción de la desigualdad existente. En otras palabras, el crecimiento del PBI, de manera automática, genera beneficios para toda la población. Es la tesis del llamado “chorreo” hacia los estratos más pobres.

Sin embargo, este planteamiento no ha funcionado, pues los frutos del crecimiento económico se han “concentrado” en las grandes empresas y en los sectores de altos ingresos, motivo por el cual la mayor parte de la población no siente la bonanza macro. Esta paradoja –la bonanza macroeconómica que no trae bienestar a la población, sino malestar- es consecuencia del modelo económico, también llamado estilo de crecimiento. Por ello, es necesario explotar nuevas alternativas, lo que hacemos de manera sumaria en este artículo.

El crecimiento pro-pobre

El primer planteamiento es lograr un estilo de crecimiento distinto, como el que han propuesto Pedro Francke y Javier Iguiñiz1. Plantean que los sectores pobres crezcan más rápidamente que el resto de los sectores económicos, algo que no sucede ahora, como hemos visto.

La estrategia de crecimiento pro-pobre tiene dos caminos principales: (a) reducir la pobreza mediante el incremento de la productividad de las pequeñas empresas del campo y la ciudad, y (b) aumentar el empleo (salarios) y la productividad de la industria nacional, el turismo y la agro exportación.

Para lograr estos objetivos, propone que las divisas que genera el sector de alta productividad sean utilizadas en el sector en que la productividad es más baja (unidades productivas del campo y la ciudad, el comercio minorista y servicios personales), principalmente en la inversión en maquinaria y equipo. Además, se propone reorganizar la tributación y orientar el uso de estos recursos a la inversión en capital humano; y finalmente, desarrollar el mercado interno como espacio inmediato de crecimiento de las Pequeñas y Microempresas y como generador de empleo formal.

Dos componentes clave de este crecimiento propobre son el refuerzo del proceso de descentralización (Francke e Iguiñiz dan ejemplos concretos de políticas en Cajamarca, Cusco y Lambayeque) y el impulso al sector agropecuario (que no desarrollamos en el presente artículo).

La reforma tributaria

En el Perú, el crecimiento económico no ha mejorado la presión tributaria, que sigue siendo el 16% del PBI, una de las más bajas de América Latina. El aumento de la presión tributaria es necesario porque de esa manera se puede dotar de más recursos al Presupuesto de la República para la inversión en salud, educación, infraestructura, programas sociales y la mejora del funcionamiento del sector público en general.

Sin embargo, el Marco Macroeconómico Multianual 2009-2001, elaborado por el MEF2, no proyecta un aumento de la presión tributaria, a pesar de que en el Acuerdo Nacional se planteó una meta de 18% del PBI, a ser alcanzada progresivamente. No solo eso. La última revisión del MMM de agosto de este año ha reducido las metas de presión tributaria.

Para aumentar la presión tributaria se deben eliminar las exoneraciones tributarias al sector financiero y al sector minero y de hidrocarburos, principalmente. Pero el gobierno solo se ha dedicado a eliminar las exoneraciones tributarias de las regiones de la Amazonía, sin tocar a los sectores ya mencionados.

Hemos seleccionado algunas de las exoneraciones tributarias (que consigna el MMM 2009-2011 del MEF) al sector financiero, extractivo e industrial y obtenemos la suma de S/. 1,436 millones anuales, lo que equivale al 0.41% del PBI. Destacan las siguientes exoneraciones: al IGV a los seguros de vida, a los intereses de los bonos y de los depósitos bancarios, a los juegos de azar y la recuperación anticipada del IGV. En el caso del drawback (restitución de aranceles a exportadores), la cifra total es de S/. 701 millones; en este caso, solo deberían quedar con drawback aquellos que cumplen con lo establecido por la legislación vigente (y no los “free riders”). (Ver cuadro).

Otra de las medidas necesarias para aumentar la presión tributaria es la eliminación de las 6 rebajas arancelarias decretadas por el ex ministro Carranza, que causan pérdidas anuales de S/. 3,000 millones (1% del PBI), como lo acaba de declarar la Dra. Graciela Ortiz, Jefa de la SUNAT. Estas rebajas se dieron con el objetivo de disminuir la inflación, lo que no se ha cumplido. Además, no fueron consultadas con el sector privado y han abierto el mercado interno unilateralmente a los productores externos, sin la reciprocidad que exigen las negociaciones internacionales. Las rebajas arancelarias que podrían mantenerse son las de insumos y bienes de capital no producidos en el país, mientras que deben eliminarse las rebajas a los bienes de consumos duraderos y no duraderos, sobretodo al sector textil y confecciones.

Como en Chile, en el Perú se debe promulgar una ley que establezca que las ganancias de capital que obtiene el vendedor de una empresa se paguen en territorio nacional. Hace poco, la empresa Monterrico Metals vendió el proyecto Majaz a la empresa china Zijin en US$ 172 millones, pero no pagó impuesto a la ganancia de capital en el Perú sino en el Reino Unido. Lo mismo sucede con la venta del Lote 67 de Barrett a la empresa Perenco, pagando Barrett dicho impuesto en EEUU. En esta época de la globalización habrá muchas más fusiones y/ó adquisiciones. Cuando la empresa extranjera es domiciliada en el Perú, sí paga el referido impuesto, como sucedió a mediados del 2006 cuando BHP Billiton pagó US$ 175 millones por la venta de la mina Tintaya a la empresa minera suiza XStrata.

Otro tema central es el impuesto a las sobre ganancias de las empresas mineras y petroleras, debido a sus excepcionales altos precios. Este impuesto se justifica, de un lado, porque la ganancia extraordinaria no está relacionada con nuevas inversiones de la empresas y, de otro, porque los recursos naturales son de la Nación. En el 2007, las ganancias extraordinarias de la gran minería extranjera ascendieron a US$ 4,875 millones (www.cristaldemira.com, 5/4/08), de los cuales, según nosotros, el 50% debe corresponder al Estado. Hace poco, la consultora Gerens publicó un estudio que establece rentabilidades del 85% para las empresas mineras (recuperan todo su patrimonio en menos de un año). Este impuesto ha sido planteado en EEUU por Hillary Clinton, John McCain y Brack Obama.
Conclusiones:

El estilo de crecimiento pro pobre y la reforma tributaria integral (aquí hemos visto algunas medidas) solo pueden darse en el marco de nuevas relaciones entre el Estado y el mercado, lo que no significa la vuelta a políticas estatistas ó populistas. Se trata simplemente de dejar de lado al “agotado Consenso de Washington” al que aludió el Presidente García en su discurso inaugural del 2006. Evidentemente que, de la mano, con las medidas planteadas debe abordarse la mejora en la calidad y la eficiencia del gasto del Estado, tema que no hemos tocado

Esta nueva relación permitiría reducir las desigualdades existentes, lo que significa decirle a todos los peruanos que todos estamos en el mismo barco. Así, por ejemplo, se debe plantear también el aumento del salario mínimo -lo que no causaría inflación pues ha aumentado la productividad y ha disminuido el costo laboral unitario-, así como su necesaria periodización. Igualmente, la puesta en marcha de una pensión mínima para todos los peruanos (existe en Brasil, Argentina, Chile y Bolivia), comenzando por los más pobres, sería una clara muestra de crecimiento con redistribución y de lucha contra la pobreza y la desigualdad.

Es evidente, también, que las estrategias de crecimiento con redistribución tienen un fuerte componente político. Como dicen Francke e Iguiñiz: “en una estructura económica tan desigual en productividades como la peruana, la lucha contra la pobreza se tiene que basar en la afirmación de derechos económicos y sociales que no pueden obtenerse de manera completa desde la propia actividad productiva y requieren la participación de las personas en cuanto ciudadanos”. ♦