Brasil se potencia

Gigante político y económico, Brasil aspira a ser miembro permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Con ese objetivo, Luiz Inácio Lula da Silva mantiene estrechas relaciones con todos los gobiernos progresistas de América Latina y privilegia la integración regional. Pragmático, también defiende el derecho de Irán a desarrollar un programa nuclear y mantiene –no sin divergencias– buenas relaciones con Estados Unidos.

“Es enojoso que Brasil reciba al jefe de un régimen dictatorial y represivo. Una cosa es mantener relaciones diplomáticas con las dictaduras, otra recibir a sus jefes en nuestro país” (1). El gobernador de San Pablo, José Serra, una de las principales figuras de la oposición al presidente Luiz Inácio Lula da Silva comentó en estos términos la visita del jefe de Estado iraní Mahmud Ahmadinejad a Brasil, el 23 de noviembre último. No es frecuente que Serra alcance tal nivel de virulencia en sus ataques contra Lula da Silva, que goza de una popularidad impresionante.

La política exterior es, junto con los programas sociales, el principal cambio aportado por el líder del Partido de los Trabajadores (PT) al gobierno. Si bien cedió ante el capital financiero y abandonó parte de su programa económico –parcialmente retomado en el transcurso de su segundo mandato–, el Presidente rompió con una elite que, después de haber seguido los preceptos de la Inglaterra imperial, en el siglo XIX, se ubicó bajo la tutela estadounidense en la batalla por la victoria del “mundo libre”.
No debe verse en este cambio de rumbo una postura ideológica clara de Lula da Silva, aun cuando sus dos principales colaboradores, el ministro de Relaciones Exteriores Celso Amorim y el asesor en materia de cuestiones internacionales Marco Aurelio García se reivindiquen claramente “de izquierda”. Cuanto más, un sólido pragmatismo económico, una preferencia por los gobiernos populares, la convicción de que el país tiene una deuda histórica con África, por el hecho de su pasado esclavista, y la certeza de que Brasil debe deshacerse del complejo de vira-lata –literalmente “complejo de perro mestizo”– que caracteriza la actitud de quien se considera a sí mismo como sin derecho a opinar.

Política y negocios

El 1º de enero de 2003, en ocasión de la ceremonia de su investidura presidencial, Lula da Silva brindó su recibimiento más caluroso al presidente cubano Fidel Castro. Los meses siguientes exhibió un franco entendimiento con su homólogo estadounidense George W. Bush, para desesperación de los militantes del PT. El Presidente es sobre todo un sindicalista, convencido de que hay que conversar con todos y de que un buen acuerdo implica la satisfacción de las dos partes, incluso después de una pulseada.

A los ojos del mundo, todo comienza en septiembre de 2003, cuando Brasil sacude la aceitada agenda de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC) de Cancún al convertirse en punta de lanza de los veinte países emergentes agrupados en el G20. Por primera vez, éstos exigen una contrapartida a los países ricos –reunidos en el G8– a cambio de la apertura de sus mercados. “Allí donde alguien quiere comprar algo, Brasil debe estar presente para vendérselo”, insiste Lula da Silva.

Desde el inicio de su primer mandato, Lula da Silva pasó trescientos noventa y nueve días en el exterior (2) acompañado, casi siempre, por una legión de empresarios. En este programa figuran América Latina –elevada al rango de prioridad número uno–, los grandes países emergentes del Sur –Sudáfrica, India, China, Rusia–, pero también las zonas tradicionalmente despreciadas por las elites, como América Central, África y Medio Oriente. En mayo de 2005, Brasilia fue sede de la primera Cumbre América del Sur-Países Árabes (Estados Unidos, que reclamaba un puesto de observador, fue excluido); al año siguiente los países de la región se reunirían en Abuja, Nigeria, con los países de África.

Al Palacio de Itamaraty, sede de la cancillería brasileña, le costó un poco adaptarse. Los diplomáticos, conservadores y en su mayoría provenientes de la elite, tenían una clara preferencia por lo que en Brasil se llama “el circuito Elizabeth Arden”, que une las capitales “glamour”: Roma, París, Londres y Washington. Los empresarios, en cambio, aplauden. La política de Da Silva va de la mano de la expansión de las multinacionales brasileñas: la compañía de hidrocarburos Petrobras, la minera Vale, los líderes de la construcción civil Odebrecht y Camargo Correa, el campeón de la carne JBS Fribol, el del pollo BRF, la aeronáutica Embraer, el banco Itaú, para no hablar de los cientos de productores de etanol y de soja, asistieron al fuerte crecimiento de sus exportaciones o de sus inversiones en el extranjero. Y el descubrimiento de importantes yacimientos de petróleo a lo largo del país, no hace más que impulsar la vocación exportadora de Brasil. Por otra parte, Pekín prestó 10.000 millones de dólares a Petrobras para garantizar su futuro acceso a los hidrocarburos. Y el año pasado, por primera vez, China se convirtió en el primer destino de los productos brasileños, reemplazando a Estados Unidos.

No obstante, es en América Latina donde política y negocios mejor se llevan. Los brasileños son los primeros en sacar provecho de la explosión de la demanda en la vecina Venezuela. A medida que los más pobres descubren el consumo –carne, leche, electrodomésticos–, Caracas se ve obligada, a falta de un verdadero sector agrícola e industrial, a importar de Colombia y, como las relaciones con Bogotá se envenenan, de Brasil. En Argentina, la brasileña Ambev se cuida de que la población se entere de que compró la mítica cerveza Quilmes. Asimismo, los principales productores de carne locales quedaron bajo bandera brasileña; lo mismo ocurre en Uruguay con el arroz, un sector fundamental. En Bolivia, las empresas brasileñas controlan más de un quinto de la economía, a través de la soja y el gas. En Paraguay, las tierras fértiles de los departamentos del Alto Paraná, San Pedro, Concepción, Amambay y Canindeyú están cubiertas de soja brasileña. En todas partes, las empresas brasileñas están acompañadas por el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo (BNDES) (3). Para Matias Spektor, profesor de Relaciones Internacionales de la Fundación Getulio Vargas, en Río de Janeiro, “la política comercial de Brasil tiene como objetivo convertir al país no sólo en una nación más rica, sino también en una más poderosa”.

Esta situación provoca tensiones. Acostumbrado a presentarse como un “gigante amable”, Brasil enfrenta acusaciones de imperialismo. De parte de Argentina, que se queja de la invasión de productos industriales; de Ecuador, donde se acusa a Odebrecht de malos manejos; de Bolivia, donde los grandes propietarios brasileños instalados en las tierras orientales no esconden su alianza con la oposición al gobierno de Evo Morales. Preocupado por conciliar negocios y buena vecindad, Lula da Silva debió intervenir en muchas ocasiones. La mayor parte del tiempo, lo hizo en nombre de la integración regional, impidiendo que su gobierno adoptara las medidas de represalia reclamadas por la prensa.

La integración regional

Desde el entierro del proyecto caro a Washington –el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA)–, la integración latinoamericana se volvió uno de los ejes de la política de Brasilia. “A Brasil le interesa contar con vecinos sólidos, y no empobrecidos y fragilizados por crisis sociales y políticas”, repite Da Silva. Lo demostraba ya en mayo de 2006, al calificar de “soberana” la decisión de Morales de nacionalizar los campos de gas bolivianos explotados por Petrobras, cuando algunos no dudaban en exigir el envío de tropas brasileñas para responder a la “ineptitud del gobierno boliviano” (4). Brasil puso fin asimismo a la eterna disputa con Paraguay, el otro vecino débil, al aceptar revisar en julio de 2009 los términos –muy desfavorables para Asunción– de la explotación de Itaipú, la gigantesca represa hidroeléctrica binacional instalada en la frontera entre ambos países. Un gesto vital para la estabilidad del gobierno de Fernando Lugo, que pudo reivindicar así una victoria frente a su poderoso vecino.

Lugo y Morales irritan a la elite brasileña y a Washington, pero no tanto como el venezolano Hugo Chávez con quien Lula selló una sólida alianza. Ninguno de los dos se dejó envolver por la retórica de las “dos izquierdas”: por un lado, la izquierda responsable y moderna, preocupada por el equilibrio financiero –conducida por Brasil y que engloba a Chile y Uruguay–; por el otro, la izquierda radical, populista y antiestadounidense que, bajo la batuta de Venezuela y de Cuba, agrupa a Bolivia, Ecuador y Nicaragua. Cuando la prensa explota las contradicciones entre los dos países, Lula da Silva y Chávez se apresuran a organizar una cumbre para inaugurar un puente o para colocar la piedra fundamental de una fábrica (pretexto para abrazos filmados por las cámaras de todo el mundo). Cuando Chávez es acusado de autoritarismo, Brasilia responde apoyando su adhesión al Mercosur.

La alianza entre ambos países es la clave de las principales instituciones latinoamericanas que fueron creadas estos últimos años. La más importante, la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), creada en mayo de 2008 en Brasilia, reúne a doce países de la región y tiene por objetivo sustituir a la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuya sede en Washington ilustra su dependencia respecto de la Casa Blanca. Provista de un consejo de Defensa, la Unasur, todavía frágil, ha pacificado las tensiones entre Ecuador y Colombia (5) y puso fin a la tentativa de desestabilización orquestada por la oposición boliviana al reafirmar la legitimidad de Morales en septiembre de 2008. Las dos veces, sin la intervención de Washington.

Asimismo, a través de Unasur, Brasil se opuso enérgicamente a la instalación de siete bases militares estadounidenses en Colombia. Para Brasilia, los conflictos eventuales de la región deben ser solucionados sin intervención extranjera. Por la misma razón, Lula da Silva denunció en abril de 2008 la reactivación de la IV flota de la marina estadounidense, para patrullar las aguas de América del Sur y del Caribe.

Pero fue respecto de Honduras que la discordia entre Brasil y Estados Unidos se manifestó de manera más clara. Enseguida después del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, la Unasur exigió el restablecimiento de Manuel Zelaya en la Presidencia hasta el final de su mandato. Tras la instalación del jefe de Estado derrocado en la embajada brasileña en Tegucigalpa, el 21 de septiembre de 2009, Lula da Silva se encontró en primera línea. Marco Aurelio García, enérgico, puntualizó que “Brasil ejerció todas las sanciones y presiones que podía, pero fue poco en relación a lo que podría haber hecho Estados Unidos; si nosotros dispusiéramos de sus instrumentos de presión, lo hubiéramos hecho”.

La obsesión de la ONU

El enojo se intensificó a fines de noviembre pasado, cuando Barack Obama envió a su homólogo brasileño una carta en la que justificaba su decisión de reconocer la elección organizada el 29 de noviembre por el gobierno golpista (Vigna, pág. 12), así como sus posiciones sobre las negociaciones de la OMC y de la Cumbre de Copenhague, abiertamente criticadas por Brasil. Enviado en vísperas de la visita de Ahmadinejad a Brasil, el correo recordaba también al Presidente brasileño las violaciones de los derechos humanos cometidas en Irán y los riesgos de su programa nuclear (Klich, pág. 6).

Lula da Silva está irritado por lo que califica como hipocresía de los países dotados de armas nucleares. “Para tener autoridad moral para exigir a otros países [que no las tengan], estos países deberían abandonarlas ellos mismos”, declaró, a principios de diciembre, al recordar que la constitución brasileña prohíbe explícitamente el desarrollo de la bomba. Los allegados al Presidente confiesan que, para Brasilia, es imperativo que Irán pueda desarrollar una tecnología nuclear civil. Una prohibición podría constituir un precedente peligroso para Brasil.

Lula da Silva hizo de la entrada de su país al Consejo de Seguridad Permanente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) una obsesión, al igual que la reforma del Fondo Monetario Internacional (FMI), al que los grandes países emergentes contribuyen de manera sustancial a pesar de tener un porcentaje ridículo de los derechos de voto. Es lo que lo llevó, en 2004, a aceptar el mando militar de la misión de paz de la ONU en Haití, tras la expulsión del presidente Jean-Bertrand Aristide, haciendo así su ingreso a “la liga de los grandes”.

La ONU presiona a Brasil para que envíe más tropas a otras misiones de paz. Pero sin una reforma de la institución que le permita verdaderamente hacerse oír, los militares brasileños se niegan a verse envueltos en misiones como la de Darfur o la del Congo, sobre las que no tienen ningún control.

La última carta del Presidente brasileño es el ingreso de su país en las negociaciones de paz en Medio Oriente. A fines de noviembre de 2009 Lula da Silva no sólo recibió a Ahmadinejad, sino también al presidente israelí Shimon Peres y al jefe de la Autoridad Palestina Mahmud Abbas. “Al demostrar que no está totalmente alineado con Estados Unidos, Brasil puede ser percibido como un interlocutor honesto”, estima Thomas Trebat, director del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Una vez más, “Lula”, el seductor, espera que su talento de negociador le abra nuevas puertas para hacer de Brasil una verdadera potencia. ♦