Destrucción institucional en el Perú

Las instituciones democráticas son las arterias que irrigan al Perú, pero para ello tienen que ser independientes del poder político y económico. Ni los poderes del Estado como el Tribunal Constitucional, ni la Fiscalía de la Nación son instituciones legítimas cuando están sometidas al Poder Ejecutivo, o legislativo o Judicial, al poder económico o a los medios de comunicación. ¿El Poder Ejecutivo es independiente de los medios de comunicación? El Poder Judicial es independiente del poder financiero, la banca y los seguros? En la mayoría de sus acciones no lo son. Bueno pues, cuando las instituciones del Estado son adictos al dinero, a la figuración, o a las influencias ilegítimas, la democracia que construimos es ilegítima, no nos sirve y nos corrompe.

La destrucción de la institucionalidad democrática en el Perú ha sido el fruto de un complejo proceso de intereses contradictorios, de confrontaciones tanto locales como globales, donde la marginación y la exclusión sociales impuestas autoritariamente desde arriba debieron enfrentarse con la resistencia y la voluntad de los de abajo que luchan por cambiar las injustas condiciones de postergación que sufren la mitad de los peruanos.
Las enormes dificultades de entenderse, de dialogar, de buscar consensos, de respetar las diferencias en un país tan diverso como el nuestro estuvieron vivas desde antes del comienzo de nuestra vida republicana y, desde entonces, se hizo patente la ineficacia de nuestras clases dominantes para construir una sociedad democrática que impulsara el Perú del siglo veinte.

Ya en las décadas del cincuenta y sesenta, del siglo pasado, las movilizaciones campesinas, las tomas de tierras y la lucha por la reforma agraria mostraban un pueblo conmocionado por las desigualdades sociales pero sin salida que lejos de fortalecer sus instituciones democráticas las debilitaban, desconfiaban de ellas y las dejaban languidecer en el marco de una economía rentista, primario-exportadora, industrialmente atrasada y tecnológicamente neonata, acostumbrada a comprar barato y vender caro, a comprar mucho y pagar poco.

Se ensayaron diferentes opciones y líderes políticos para corregir lo que ya se veía venir, desde Manuel A. Odría, Manuel Prado, Acción Popular de Fernando Belaúnde, el reformismo militar de Velasco, la contrarreforma de Morales Bermúdez, y de nuevo Acción Popular que inauguró la década del ochenta. Entonces les siguió Alan García con su fracasado proyecto heterodoxo que abrió las puertas a Alberto Fujimori hoy preso por corrupción y violaciones a los derechos humanos, que se hizo reelegir para seguir haciendo fechorías y llegó el siglo veintiuno con un nuevo panorama democrático, bonanza económica y mayor presencia internacional, pero siempre acompañadas de la terca pobreza más distante de la riqueza.

La escasez de constructores de acuerdos y consensos explica también por qué los partidos políticos han llegado al 2006 en una crisis dramática de convicciones internas sólidas, de ideologías coherentes y de estrategias y programas convincentes. Por ello, tal vez, han devenido en portaestandartes de una política de mercado, sujeta a la ley de la oferta y la demanda y se han conocido muchos casos de candidatos a los puestos públicos que compraron su derecho a figurar en una lista de elección popular, como congresistas, o alcaldes o presidentes de región y que luego fugaron a otro partido con más poder abandonando su organización original.

En este cuadro, los electores sólo importan para los candidatos pero no para los gobernantes. Esta distancia perversa entre el candidato y el elegido está en la base de la destrucción de la institución electoral y de la democracia. El pragmatismo es la madre de los Fujimori y los tránsfugas, de montesinos y varios de los que se apiñaron al carro de Alejandro Toledo y hoy están en el triciclo aprista. Es también la filosofía de los corruptos y los “colinas”.
Una política de mercado supone que los partidos, los líderes y los programas se rigen por la ley de la oferta y la demanda y, en virtud de eso, los sin bandera que se suman a una lista electoral generalmente se cambian de organización y de principios, de compañeros y de lemas, pierden (si alguna vez la tuvieron) la coherencia y la lealtad y luego la ética y la moral. En estas manos, ya sabemos por qué, pasando por un buen momento económico, los pobres del Perú se siguen sintiendo tan pobres como antes, por qué muchas leyes que aprueba el Congreso son contrarias al interés nacional, o las sentencias del juez condenan a los inocentes y liberan a los delincuentes, o las prioridades de la política económica benefician a un grupo de poder determinado de espaldas al pueblo.

El rol de los medios de comunicación en la destrucción de instituciones es igualmente negativo cuando se trata de promover candidatos y posiciones políticas afines a los grupos de poder que controlan los medios. Cada vez más, los candidatos o son mediáticos o no son elegidos. La televisión, la radio y los periódicos hacen candidatos exitosos y derrotados; no es cierto que deciden gobiernos y posiciones, pero sí que influyen exageradamente en formas, simpatías y rechazos políticos. Así, la información deja de ser un derecho y un servicio público, para volverse una herramienta del poder.
La justicia es uno de los ámbitos más lastimosos del espectro institucional de la democracia peruana. Hace pocos días mostraron un delincuente (“Vitrolas”) que había sido capturado junto con tres compinches armados y en la comisaría se dieron cuenta que se trataba nada menos que de un asaltante que ya había sido capturado por asalto y robo a mano armada, por lo que unos meses antes ya purgaba pena de prisión. ¿Quién liberó a este individuo? Cabe preguntarse si se trata de ineficiencia o complicidad del Poder Judicial.

Por si fuera poco, el Juez Esteban Lévano, Titular del Juzgado Mixto del Distrito Bolívar, ha paralizado las investigaciones en contra del narcotraficante Sánchez Paredes con numerosas denuncias por lavado de activos que se llevaban a cabo en la Fiscalía Especializada contra la criminalidad organizada. Y este es uno de muchos casos.

La justicia como servicio público es igualmente un desastre. El domingo 24 de agosto, el diario El Comercio denunciaba a página entera que “Hasta un 20 por ciento de las notificaciones llega tarde o nunca llega a su destino” ¿Se imaginan una persona a la que le han notificado el desalojo de su casa y que no le llegó su aviso? Aparte de eso, los costos y coimas que se tiene que pagar por trámites simples que deberían ser gratuitos es indignante. Ante esta realidad ¿cómo hablar de servicio público?

Esta crisis se hace más grave cuando el nuevo presidente del Congreso de la República sale elegido sumando a sus votos apristas los de la dinastía Fujimori, el ex dictador hoy en prisión, y retribuye a cambio con la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, nada menos que para la enfermera fujimorista Martha Moyano, que sabe del tema constitucional lo que sabe un cuy de álgebra y se justifica diciendo que los fujimoristas son una “oposición constructiva”. El caso de los autores de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, hoy defendidos por el congreso aprista, es una muestra patética de la destrucción de instituciones al estilo de los años noventa.

La cultura democrática es una mercadería que se vende en todos los mercados pero que pocos la compran, porque en una sociedad con fuertes rasgos autoritarios implica una radical revolución de la conducta, de las actitudes y de las motivaciones cotidianas, cosa que en el marco de una democracia de mercado no tiene demanda.

En un interesante estudio sobre Tolerancia Política en América Latina[1], efectuado por LAPOP en El Salvador, 2008, se observa que en la perspectiva comparada, el Perú se encuentra en un nivel más bajo, atrás de El Salvador, México, Chile, Costa Rica y Uruguay lo que pone al Perú por debajo en la región, en cuanto a tolerancia política, que es uno de los fundamentos de la democracia. Este rasgo tiene una alta correlación con los esfuerzos educativos de un país, por tanto, “el aumento en la cantidad y calidad de los sistemas educativos debería traducirse en mayor tolerancia, que a la vez ayudaría a garantizar que los derechos de las minorías permanezcan seguros.” De esto, podemos deducir que la tolerancia política en el Perú sufre por las carencia de nuestro sistema educativo.

Una institución indispensable creada en 2003 fue la Comisión de la Verdad y Reconciliación, para hacer públicas y reparar las violaciones de los derechos humanos cometidas en los doce años funestos de la guerra interna que terminó en 1990. Según ha dicho Salomón Lerner Febres, ex Presidente de esa Comisión, después de cinco años de entregado el Informe el Estado no ha iniciado ninguna de las reformas recomendadas, ni en el Poder Judicial, ni en educación, ni en las reparaciones individuales que el Presidente García prometió, se han cumplido, y esto es claramente una parte importante de la demolición de instituciones democráticas que se viene llevando a cabo.
Las Fuerzas Armadas, fundamentales para la fortaleza institucional del país, debemos admitir que, en los años noventa, han sido un factor de destrucción de las instituciones democráticas por su adicción a la dictadura de Fujimori y por su espíritu de cuerpo que limitaba la acción de la justicia contra militares que habían delinquido y por la malentendida protección de la imagen institucional. ¿Qué mejor manera de destruir instituciones democráticas?

Sendero Luminoso es uno de los grandes factores de la destrucción institucional de la democracia peruana. Inició sus acciones públicas en abril de 1980 y terminó con la caída de Abimael Guzmán en 1992 generando una cruel guerra interna que costo más de sesenta mil muertos. En este periodo destruyó las instituciones campesinas y urbanas de los Andes.

¿Cómo crecen y se desarrollan las instituciones democráticas en un país cruzado de contradicciones irresueltas, económicas y sociales, de desencuentros culturales donde el autoritarismo sigue vigente desde la colonia aunque hay que reconocer que el de ahora es un autoritarismo mediático en las ciudades.

Julio Cotler [2] dice que a la sociedad peruana le falta renovación de ideas, que y que si no hay instituciones no hay clase intelectual. Los movimientos sociales están poco articulados a partidos políticos, tienen poca conciencia de Estado y, cada vez más, tienen que hacer violencia para que les hagan caso. Esta realidad expresa el debilitamiento institucional de la sociedad civil.

Expresa también una crisis de representatividad más grande de lo que se imagina la gente. No sólo hay líderes de partidos que la gente no los siente representativos sino –también- artistas e intelectuales, comerciantes y profesionales. En nuestro tiempo la representatividad ha pasado a ser mediática. Si no apareces en televisión en programas de alto rating sólo existes en el cónclave. Son los tiempos modernos. Por eso el interés en el viejo debate de Cornejo Chávez y Bedoya ha sido reemplazado por la pelea entre Gisela y Magali.
En este contexto, un déficit enorme de la sociedad peruana es el abandono de la reforma del Estado, tarea que debe ser emprendida por el gobierno y que hace tiempo está esperando. No se trata de reducirles el sueldo a los empleados públicos sino de hacer las cosas en serio. Eso va a generar descontentos pero gobernar es llevar a la práctica metas y objetivos claros en una dirección definida, consultando y buscando consensos pero también educando y convenciendo para llegar a la meta.