Ante la creciente marea de inmigrantes haitianos que sueñan con mejorar su desesperante situación en la vecina República Dominicana, el gobierno de este país adoptó una política migratoria de fuerte sesgo discriminatorio e inocultable trasfondo racista. Los haitianos inmigrados no sólo padecen una feroz explotación laboral, sino que se les niega además el acceso a la nacionalidad dominicana.

Cerca de veinticinco mil haitianos llegan cada año, para el inicio de la zafra –temporada de cosecha de la caña de azúcar– a la ladera frondosa de la isla, es decir, a República Dominicana. La mayor parte engrosará las filas de los braceros, cortadores de caña al servicio de la opulenta industria azucarera. Seducidos por las promesas de salarios fabulosos de unos traficantes sin escrúpulos, los buscones, los zafreros haitianos quedan atrapados en el engranaje: guardias de frontera o simples ladrones que se hacen pasar por policías los extorsionan, apenas llegan se les confiscan sus papeles, acaban hacinados en los bateyes (galpones cercados por alambrados de púa sin electricidad ni agua potable). De modo que a cambio de un salario miserable, los llamados peyorativamente “congos” deben trabajar desde el alba hasta la caída del sol.

Cuando la zafra termina, quedan en “libertad” de regresar a Haití. Pero la gran mayoría no reunió el dinero necesario para volver, está endeudada o en situación ilegal –visa vencida o en poder de los guardias– y queda atrapada en los bateyes. Ni uno ni otro gobierno reconoce a los niños que nacen aquí. Serían doscientos cincuenta mil los niños apátridas que viven en República Dominicana, sin acceso a la escuela ni a la asistencia médica, obligados en su mayoría a trabajar duramente en las plantaciones, y que apenas están en edad de sostener un machete.

Travesía clandestina

En 2004, el Congreso dominicano modificó su política de nacionalidad adoptando una nueva ley general de inmigración, discriminatoria para los trabajadores migrantes (1) y sus descendientes. Ésta les niega, entre otras cosas, el acceso a la nacionalidad dominicana. A principios de abril de 2007, el Estado aprobó un plan que instituyó un “libro rosa para los extranjeros”. Éste asigna certificados de nacimiento de color rosa a los niños nacidos de indocumentados o de personas que no pueden probar su nacionalidad. Según Edson Louidor, del Grupo de Apoyo a los Repatriados y Refugiados (GARR), “esta decisión (…) no hace más que institucionalizar la discriminación, que priva a ciertas categorías sociales, específicamente a las personas de origen haitiano, del derecho a la nacionalidad, en función de su pertenencia étnica y del color de su piel”.

Al final de una misión de observación realizada en octubre de 2007, informantes especiales sobre racismo de la Organización de las Naciones Unidas denunciaron “dentro de la sociedad dominicana, un problema grave y muy arraigado de racismo (…) respecto a grupos como los haitianos, los dominicanos de origen haitiano y, en términos más generales, contra los negros”. Apenas esta misión llegó al país, el Senado y la Iglesia denunciaron un “complot internacional” en su contra…Y sin contar a las víctimas del tráfico humano que se hallan cada mes, a uno y otro lado de la frontera, abandonadas por los traficantes, muertas de hambre, violadas, mortalmente apaleadas o ejecutadas por los guardias de frontera (2).

El Estado dominicano traspone un nuevo umbral al desplegar en la frontera, el 27 de septiembre de 2007, un Cuerpo especializado de seguridad fronteriza (Cesfront), de quinientos hombres. Numerosas asociaciones y miembros de la sociedad civil haitiana se inquietan por esta militarización del problema migratorio. En total en el año 2007, más de dieciséis mil haitianos fueron repatriados; solamente la mitad de ellos por decisión de la oficina de inmigración.

De cualquier forma, su travesía clandestina constituye una considerable fuente de ingresos para la oligarquía dominicana, en particular para las tres familias que se reparten las ganancias del azúcar dominicano: los Vicini, los Campollo y los Fanjul. A la cabeza de un colosal imperio, los hermanos Alfonso y José Fanjul poseen la gigantesca plantación de la Central Romana, al este de la isla. Los galpones en los que se hacinan los trabajadores haitianos se encuentran a escasos cientos de metros de la lujosa “Casa del campo”, vasto complejo de quintas utilizadas como lugar de vacaciones para los “amigos” de la familia Fanjul. Estuvieron allí, entre otros, todos los presidentes de Estados Unidos, de Ronald Reagan a George W. Bush, así como la familia real de España.

Preocupados por los intereses de su firma Flow-sun, productora de 3,5 millones de toneladas de azúcar por año con sus 400.000 hectáreas cultivadas en Florida y República Dominicana, los Fanjul financian generosamente a ambos bandos, demócrata y republicano, gracias a los que conservan las subvenciones del gobierno estadounidense. Éstas les reportan 65 millones de dólares por año.

Este poderoso lobby presiona sin titubear a los defensores de los derechos de los trabajadores haitianos. Las dominicanas Noemí Méndez, abogada que lucha por el acceso a la ciudadanía, y Sonia Pierre, directora del Movimiento de las Mujeres dominicano-haitianas, acusadas de orquestar una “campaña internacional de denigración contra la República Dominicana”, reciben amenazas de muerte.

El Estado dominicano y sus instituciones no vacilan en tomar parte en este asedio. En esta línea, la Junta Electoral Central solicita la anulación del acta de nacimiento de Sonia Pierre, de origen haitiano y merecedora en 2006 del premio de Derechos Humanos Robert Kennedy: es innegable que ella estuvo en el origen de la condena del Estado dominicano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por negación de nacionalidad a dos niñas de ascendencia haitiana nacidas en su territorio.

“Una campaña de odio”

El 17 de mayo, la Cámara de Diputados presentó una denuncia en la Embajada de Francia en Santo Domingo, contra la iniciativa “Esclavos en el paraíso”, organizada en junio de 2007 en París, que consta de una serie de debates, una exposición de la fotógrafa Céline Anaya Gautier y la difusión de la película The Price of Sugar, del estadounidense Bill Haney, sobre los trabajadores de los bateyes. En junio, el ministro de Relaciones Exteriores dominicano, Carlos Morales Troncoso, solicitó en la cumbre de la Organización de Estados Americanos (OEA) de Panamá que se condenara ese acontecimiento. Varios periódicos dominicanos difundieron la denuncia del jefe de la diplomacia, de “una campaña de odio” que pinta un cuadro exagerado de los bateyes. El ministro, accionista durante mucho tiempo de las multinacionales azucareras, se indignó por el término “esclavos”, y sostuvo que ellos son “libres, remunerados, y trabajan por voluntad propia”. Los organizadores de “Esclavos en el paraíso” y los productores de The Price of Sugar recibieron presiones por parte de los abogados de la familia Vicini para impedir el estreno de la película, cuya difusión ya se prohibió en República Dominicana.

Este desproporcionado escudamiento muestra los colosales incentivos financieros de esta explotación: los mercados del turismo, el azúcar y los biocarburantes derivados de la transformación de la caña en etanol, motores principales de la economía dominicana en pleno crecimiento. Propietarios y autoridades favorecen una sistemática ofensiva jurídica contra los que opacan su imagen, en lugar de proyectar un mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores inmigrantes. ♦

REFERENCIAS

(1) Según un estudio realizado por el Centro cultural dominicano-haitiano, ellos representan el 70% de la mano de obra y aportan el 30% del Producto Bruto Interno (PBI) del sector agrícola y el 6,8% del PBI de la construcción.

(2) Informe de Amnesty International, “République dominicaine. Une vie en transit, la situation tragique des migrants haïtiens et des Dominicains d’origine haïtienne”, abril de 2007, http://web.amnesty.org/ library/index/fraamr270012007

*PERIODISTA.