En vísperas de los Juegos Olímpicos, el presidente chino Hu Jintao y su primer ministro Wen Jiabao multiplicaron las detenciones y arrestos domiciliarios. Emergen decenas de miles de protestas y el temor a un escándalo público en plena fiesta deportiva activa su energía represiva. Confrontado a una especie de semi-institucionalización de los movimientos sociales, el Partido Comunista Chino (PCC) busca renovar su papel.

Desde el Congreso del Partido Comunista Chino (PCC) en octubre de 2007 hasta los preparativos de los Juegos Olímpicos, pasando por el tratamiento del “caso tibetano”, no puede decirse que China haya ofrecido una nueva imagen de su sistema político. Sin embargo, este conservadurismo “en lo alto” contrasta con la amplitud, la frecuencia y la naturaleza de los movimientos sociales que estallan en el interior del país. En efecto, se asiste hoy en día a una semi-institucionalización de la protesta; ésta no resulta de una presión social exterior al Partido, sino de la acción de individuos y grupos ubicados en el interior mismo del “sistema”. Semejante inflexión obliga a salir del marco habitual del análisis político que a menudo opone un “poder” todopoderoso –de prácticas tortuosas y sin escrúpulos– a una “sociedad” que es percibida alternativamente como indiferente o al borde de la rebelión.

La “renovación” del Partido

Entre 2002 y 2006, cerca de 12 millones de personas se adhirieron al PCC. ¿Qué razones las empujaron a esta decisión? Para algunos cuadros del Partido y de la administración, la pregunta parece no tener sentido: es un medio de acceder a una función y acumular poder. Para otros, las motivaciones son diversas. “Si quiero subir de grado, tengo que pasar por esa formalidad”, explica un docente. En una de las grandes universidades del país, el 80% de los profesores son comunistas. Sin embargo, sacar el carnet no garantiza el ascenso social. La red de relaciones, el éxito profesional, incluso el enriquecimiento son vías más seguras.

Un secretario del Partido de una institución pública espera desde hace tiempo una promoción al rango superior, mientras que su adjunta, casada con un alto cuadro de otra institución, acaba de obtenerla a pesar de algunas cualidades profesionales objetables. De igual manera, el hijo de una businesswoman muy rica, que no es miembro del Partido, pudo colocar en la alta jerarquía de una empresa pública a su propio hijo, que no tiene diploma a pesar de haber pasado tres años en una universidad extranjera.

En el ámbito intelectual, la adhesión al Partido puede garantizar cierta tranquilidad mental. Así, para un periodista, “estar en el Partido permite una mayor libertad de expresión”. La paradoja es sólo aparente: la persona cooptada accede a un círculo restringido en el que las discusiones son más libres. Esta percepción remite precisamente al tema de la “democratización del Partido”, abordado durante el XVII Congreso.

En este eslogan puede observarse la pirueta retórica de una organización que, en lugar de democratizar realmente la sociedad, propone el enésimo sucedáneo de liberalización. Sin embargo, el discurso oficial deja ver un conjunto de realidades diferentes. Empezando por una reflexión encarada hace ya varios años en las escuelas del Partido acerca de un escenario político de “democratización conservadora”. La apuesta no es menor: ¿cómo conservar el poder (interés personal) y garantizar la estabilidad (interés colectivo) sin dejar de generar un espacio de expresión y elección política?

Mediante la conformación de “tendencias” en el interior mismo del Partido que permiten articular los distintos ámbitos sociales, el PCC sigue monopolizando el poder, pero a la manera del Partido Liberal Demócrata japonés de la segunda posguerra (el ejemplo aparece citado explícitamente). O, como en Europa y en Estados Unidos, dentro de un sistema de poder animado por dos grandes partidos que, al ponerse de acuerdo en lo esencial, hacen prevalecer el consenso sobre el conflicto, y por ende, brindan estabilidad. La democracia dentro del círculo de las elites permite reformar el régimen evitando, al mismo tiempo, la inestabilidad política.

Desde 2002, los dirigentes acentuaron esa inflexión. La elección de eslóganes como “sociedad armoniosa”, “pequeña prosperidad” o, aún más recientemente, “la ciencia del desarrollo” dan cuenta de una legitimación de las demandas de la “sociedad”. A ese gesto simbólico se suman medidas concretas: extensión limitada pero real de los sistemas de seguridad social, atenuación de la carga fiscal de los campesinos, control menos brutal de las migraciones y de los movimientos sociales.

Tras una fachada de inmovilidad, el “gradualismo” reformador modifica los grandes equilibrios políticos. Por cierto, no se trata de organizar elecciones a corto o mediano plazo: la “democratización del Partido” consiste en una serie de experimentos restringidos hechos para mantener la reforma dentro de un marco estrecho. Así como la democratización del campo, ya antigua, había limitado su impacto a las cuestiones internas de los pueblos, la democratización del Partido circunscribe el espacio de discusión y de protesta a un público elegido de gente responsable. En ambos casos, se trata de evitar cualquier derrape.

Con seguridad, el escenario de la democratización conservadora empalidece al lado de la “segunda ola democrática” (que siguió a la Segunda Guerra Mundial) o de la tercera (la de los países del ex bloque oriental). Pero resiste la comparación con la “primera ola democrática”, la de los países de Europa Occidental: todo el cuestionamiento político de las elites del siglo XIX se articulaba en torno a la contradicción entre una democratización percibida como ineluctable, incluso deseable, y el espanto que despertaba entre los “dominantes” (1). Alexis de Tocqueville ensalza al pueblo (el honesto ciudadano razonable) pero denuesta al populacho (la multitud, las masas, los revolucionarios) (2). Así como los grandes sistemas democráticos germinaron sobre el miedo a la revolución, el temor de ver surgir de las urnas a malos dirigentes (demagogos, pero también líderes sin experiencia ni conocimientos) impidió durante mucho tiempo cualquier avance radical en ese sentido.

La problemática china es idéntica, salvo por el hecho de que allí el desorden reemplaza a la revolución. Las elites están buscando la fórmula que les permita democratizar sin choques, y al mismo tiempo garantizarle al país “buenos” dirigentes. Un funcionario a cargo de las elecciones municipales se pregunta: “¿Qué situación es más peligrosa? ¿Una sociedad inestable privada de expresión por las urnas (inestable en parte porque está privada de expresión) o una sociedad en desorden a causa de las urnas?”. La clase dirigente y la mayoría de los comunistas trabajan para evitar ambos escollos.

Aunque a menudo es tomada en solfa, incluso por los chinos mismos, la “democratización” no es una simple entelequia. Al lado de la protesta social, o más bien tras ella, se perfilan formas de acción política ejercidas por miembros del Partido. Abogados, diputados, funcionarios, profesores, jefes de “organizaciones de masas” (Federación de Mujeres, sindicatos), empresarios, todos están presentes en los medios y en las Organizaciones No Gubernamentales (ONG), pero también en las bambalinas del poder, para defender categorías sociales que consideran pisoteadas. Algunos dan cursos de derecho a quienes migraron desde el campo (3) o publican artículos que relacionan movimientos de protesta e injusticias sociales, oposición y defensa de derechos. Otros apoyan o incluso financian iniciativas a favor de los pobres o expulsados. Otros defienden el patrimonio o la idea de una redistribución de los recursos del crecimiento.

Desde hace poco, hay personalidades que ofrecen su apoyo a las asociaciones de propietarios de departamentos contra las malversaciones operadas por los promotores inmobiliarios y los administradores de edificios, a quienes no les faltan amistades con las autoridades locales. Lo que está en juego es importante: se trata del reconocimiento del derecho de la “clase media” –que ella misma define como su fundamento– a la propiedad inmobiliaria. En los grandes complejos de Pekín, la elección de representantes de los propietarios ahora es obligatoria. Las autoridades locales no tardaron en encontrar recursos para vaciar de sentido a estas elecciones, pero la reforma marca un reconocimiento de los derechos de los propietarios. Por último, algunos periodistas denuncian escándalos ligados con la contaminación o con el maltrato infligido a los migrantes internos o a los campesinos y habitantes de la ciudad expropiados. Este nuevo activismo debe mucho a la inflexión elitista en la composición del Partido, con una proporción creciente de jóvenes, empresarios y profesionales.

Ni revolucionarias ni disidentes, estas personalidades a menudo tienen en común un pasado “militante”. Los más visibles, que tienen unos cincuenta años de edad, vivieron los grandes movimientos políticos de la época maoísta (Revolución Cultural, envío de jóvenes instruidos al campo), así como las fases de oposición al régimen (fundamentalmente, en 1979 y 1989). Dominan tanto la lengua oficial como la gramática de su reforma. Habiendo experimentado todas las represiones, ya no tienen un gran sentido del sacrificio. Se los encuentra en todos los sectores del poder, y sorprende descubrir afinidades entre individuos que ocupan posiciones muy alejadas –en el ámbito artístico y la administración, en el campo académico y en los negocios– pero que se cruzaron en la época maoísta.

Es por ello que Zhang, uno de esos jóvenes instruidos que fueron enviados al campo, hoy director de una de las oficinas administrativas de una gran municipalidad (4), quedó vinculado con un famoso artista con quien compartió tres años en Mongolia. Más curioso aún, un ex guardia rojo reconvertido al mundo de los negocios mantiene excelentes relaciones con uno de sus antiguos adversarios. De esa experiencia conservan una sensibilidad, unos reflejos y un lenguaje en común. Un intelectual de renombre afirma: “Somos muchos los que volvimos a la vez del mito revolucionario y de la creencia en la democracia y las elecciones. Todo eso es peligroso, hay que encontrar una vía intermedia”.

Piezas del rompecabezas político

La trayectoria de estos “demócratas conservadores” los conduce a pensar la reforma política en términos de evolución hacia un mecanismo que garantice a la vez el orden, la reproducción de las elites y una fuerte dosis de movilidad social. En sintonía con el discurso oficial, preconizan un refuerzo de las leyes, sobre todo para garantizar los derechos fundamentales de las categorías desfavorecidas o en situación de dificultad: personas expropiadas de su vivienda o de sus tierras, migrantes explotados, habitantes de las ciudades empobrecidos por las reformas, propietarios en lucha contra los administradores y los promotores inmobiliarios, residentes que protestan contra la contaminación del aire y de los ríos, etcétera.

La idea es propiciar canales legales de expresión del descontento y enseñarles a quienes protestan a utilizar el arsenal legal para contrarrestar el accionar de los empresarios y los burócratas locales. La afirmación de las categorías sociales (propietarios, expropiados, pobres, migrantes) debe pasar por una protección de sus derechos (weiquan).

Ningún “reformador” se anima a franquear la línea amarilla de la oposición al régimen. Algunos dicen: “El momento de las revoluciones ya terminó. No hay que intervenir más en política”. “Hay que evitar cualquier confrontación directa con el régimen”, señalan otros. La elección no es enteramente táctica. Por una parte, esos “militantes” pertenecen al sistema. Y, más precisamente, a grupos sociales favorecidos por las reformas económicas: técnicos, cuadros de grandes empresas, empresarios, docentes. Igual que los dirigentes, cultivan el gusto por la estabilidad y temen perder las ventajas tanto más preciadas cuanto que fueron obtenidas tardíamente. No obstante, su accionar da cuenta de cierto valor y exige discreción: su estatus, si no su libertad, podría verse afectado por él.

El impacto de estas luchas es menor, pero atendible: la imagen que tiene la opinión pública de los migrantes internos mejoró considerablemente, y el no pago de sus salarios se hizo menos frecuente; los recursos legales contra los malos tratos aumentan; la toma de conciencia de los problemas de contaminación es innegable; los intereses de los propietarios de departamentos empiezan a ganar cierta legitimidad. Aunque modesto, este balance supera al de la disidencia, que ya no tiene gran influencia debido al débil apoyo popular con que cuenta y la represión que padece.

Los enemigos de la corriente “reformadora” no están en el gobierno ni en el Partido: son todos aquellos que, en las administraciones, las empresas, las universidades, quieren seguir gozando del régimen negándose a darles a sus prerrogativas un marco (jurídico, formal, legítimo). No han comprendido que el modo de gobierno debe evolucionar e integrar las aspiraciones sociales, en su totalidad o en parte, si es que quieren evitar… perder el poder.

La aparición de nuevas capas sociales, reunidas bajo el término cómodo pero confuso de “clases medias”, constituye otra pieza en este rompecabezas político. En su seno hay muchos comunistas que, beneficiados por un nivel de ingresos que les permite tener una casa y un auto, viajar, “gozar de la vida”, manifiestan una actitud política ambivalente.

Por un lado, critican el enriquecimiento fundado en las remuneraciones ilegales o sobre los “privilegios” (tequan) de origen familiar, cuando ellos sólo pueden contar con sus méritos y sus salarios muy golpeados por los impuestos. Están a favor de una extensión de la protección legal de los intereses individuales y de una amplia democratización de las libertades de expresión, de asociación y de empresa.

Por otro lado, se oponen a la implementación de elecciones, que consideran una fuente potencial de disturbios sociales, violencia y fragmentación política. “¿Quién nos asegura que los dirigentes salidos de un escrutinio serán mejores que los que gobiernan hoy en día China?”; ése es, en esencia, su mensaje. Los miembros de estos nuevos estratos sociales señalan la importancia de la contribución de los migrantes internos para la prosperidad actual y apoyan las medidas que puedan mejorar sus condiciones de vida y de trabajo. Pero también insisten sobre la necesidad de “civilizar” a esos campesinos antes de concederles la ciudadanía urbana (5).

Este nuevo contexto político constituye una forma de respuesta a las mayores contradicciones de la sociedad. El ritmo desenfrenado de crecimiento y el aumento de poder de los intereses sociales que lo acompañan generan frustraciones y deseos que en adelante sólo puede satisfacer… el crecimiento. La promesa perpetua de un mayor bienestar futuro no alcanza: se exigen garantías más sólidas.

A esta situación, las corrientes políticas que aparecieron después de los años ’90 no han aportado una respuesta adecuada. La vuelta a la “tradición”, que adopta la forma de una regeneración del confucionismo, no coincide con el crecimiento y contradice el deseo de experimentar nuevos estilos de vida. La nebulosa de grupos y personas a los que en China se alude como “nueva izquierda” puede seducir por sus referencias a la renovación nacional, pero su voluntad de volver a colectivizar la economía y regresar al igualitarismo no halla mucho eco en una población habituada a las delicias de la vida moderna. En cuanto al liberalismo político, tanto los intelectuales como los chinos de la calle lo perciben como portador de un nuevo caos de tipo “Tiananmen”.

Un proyecto poco revolucionario

La nueva “corriente”, tan difusa como las anteriores, adopta un punto de vista diferente. No pretende promover una receta, pasada o externa, sino encontrar una solución al impasse del crecimiento. En su opinión, el descontento social aumenta porque no dispone de canales de expresión legítimos. Asimismo, el ascenso social se atasca debido al papel que juega el capital social y político en el éxito. Si un cambio de la coyuntura económica privara a la población de su fe en un futuro mejor, esas frustraciones podrían desembocar en una explosión política.

Como advierte el sociólogo Chen Yingfan, “si, en una sociedad, las capas medias urbanas, que disponen de una capacidad de acción legal y de una racionalidad política, no tienen los medios para defender eficazmente sus intereses, o si el poder impide sistemáticamente esa expresión utilizando la ley o la acción política, incluso la violencia o la amenaza, entonces los habitantes de las ciudades pueden elegir la acción revolucionaria. Una opción más costosa en términos de subversión social y riesgos políticos” (6).

Para conjurar ese fantasma, la nueva corriente propone hacer converger las fuerzas implicadas en los movimientos sociales y las actividades asociativas. Juntos, podrían modificar el flujo de movilidad social sin entrar en la arena política. Se trata de forzar al Estado, y sobre todo a las administraciones locales, a adoptar políticas sociales y medidas de protección jurídica. Para un ex profesor convertido en hombre de negocios “la sociedad es la única fuerza capaz de modernizar el país y aumentar los márgenes de libertad y justicia social”. La táctica tiene relación con los análisis de los economistas, que apelan a un aumento de la demanda interna para acrecentar los ingresos de los menos favorecidos y “securizar” las condiciones de vida, adecuadas para la estimulación del consumo (7). Se entiende entonces que el discurso puede gustarles a los dirigentes del país. Una sociedad más escuchada, con instituciones modernizadas, garantizaría la perennidad de su poder.

Aunque muy poco revolucionario, semejante proyecto permite esquivar la cuestión de un cambio de régimen y refuerza, así, al PCC. Al ligar estrechamente las opciones políticas con los intereses individuales, mantiene el temor a la represión, al tiempo que deja un espacio a lo social. No obstante, coincide innegablemente con las evoluciones sociológicas del país. Las capas sociales más activas –esas famosas clases medias– se muestran cada vez más decididas a defender sus intereses, sin por ello reclamar un cambio brutal en el régimen.

Es cierto que la estrategia de rodear el campo político (no toquemos los fundamentos del poder) por la vía de lo social (arreglémonos para que la justicia social y los derechos individuales sean respetados) encuentra algunos escollos. Así, la lógica de defensa de los derechos no garantiza el mismo tratamiento para todos: el derecho es un producto de la lucha política. Las “clases medias” tendrían la legitimidad necesaria –aunque más no sea porque consumen– para convertirse en pilares de esa democratización conservadora. Por el contrario, a las clases sociales desfavorecidas –a los migrantes internos, por ejemplo– les costaría hacerse oír y podrían verse tentados por acciones “revolucionarias”.

Otra trampa: la resistencia al cambio de las burocracias locales (y también, sin duda, de parte de la alta administración). La explotación de los migrantes internos o el dominio sobre el sector inmobiliario generan tales ganancias que al gobierno central le costará mucho esfuerzo reformar esas prácticas. u

REFERENCIAS

(1) Guy Hermet, Le passage à la démocratie, Presses de Sciences-Po, París, 1996.
(2) Véase Philipe Videlier, “Des philosophes pour les propriétaires”, Manière de Voir, N° 99 (“L’Internationale des riches”), junio-julio de 2008.

(3) Estos “migrantes” (mingong) llegados del campo de forma relativamente clandestina ocupan empleos poco calificados. Sus derechos son raramente respetados.

(4) Un director de oficina reúne las atribuciones de un director regional y un adjunto del intendente.

(5) “The imaginary of ‘urban executives’ in contemporary China: some findings”, conferencia del autor en el coloquio “Asian Societies in comparative Perspectives”, Universidad de Yonsei, Seúl (Corea del Sur), 26/27-10-07.

(6) Chen Yingfang, “Puissance d’action et limites institutionnelles: les couches moyennes dans les mouvements urbains”, estudio escrito en chino sin publicar.

(7) Véase Sun Liping, “Enrichir le peuple pour accroître la demande intérieure” y “Penser autrement pour refonder l’ordre social”, Nanfang Zhoumo (“Week-end du sud”), Cantón, respectivamente 16-3-06 y 13-12-07.