El Tratado de Lisboa, cuasi clon del fallido Tratado Constitucional Europeo rechazado por Francia y Holanda en las consultas populares de 2005, sufrió un duro revés el pasado 12 de junio cuando los ciudadanos irlandeses se pronunciaron en su contra. El rechazo popular al Tratado, que persigue la reforma de las instituciones de la Unión, evidencia las dificultades de la construcción europea desde su última ampliación.

Parecería que un teorema rigiera la aceptación de los tratados europeos por los ciudadanos: cuanto menos se conoce el contenido, más se vota a favor, en particular cuando el votante es un parlamentario. Y cuanto más se los ha leído y analizado, menos se los aprueba. El 12 de junio pasado, los electores irlandeses hicieron una demostración al rechazar el Tratado de Lisboa por una mayoría del 53,4% (1). Esas líneas en sentido contrario ya se habían verificado en Francia en la primavera de 2005, en ocasión de la campaña del referéndum para la ratificación de la “Constitución“ europea. Especialmente en Francia, sus diferentes artículos fueron estudiados minuciosamente y debatidos por los ciudadanos como nunca lo habían sido las profesiones de fe de una competencia electoral. El resultado fue que el 29 de mayo hubo un 55% de votos por el “no”. A la inversa, la representación nacional, cuya mayoría de miembros, si se juzga por sus intervenciones públicas, sólo tenía una idea vaga del tenor de ese texto, se había pronunciado previamente de manera masiva por el “sí”.

Pudieron haberse encontrado en ese caso (2) los 601 diputados y senadores franceses (sobre un total de 893) que, en la noche del 7 al 8 de febrero pasado, votaron por la ratificación del Tratado de Lisboa. En la improbable hipótesis de que los grandes medios de comunicación dejasen de ser oficinas de propaganda del “sí”, ahora podrán informarse en tres libros igualmente documentados: dos favorables y uno hostil al Tratado.

El polémico nuevo Tratado

L’Union européenne après le Traité de Lisbonne (La Unión Europea después del Tratado de Lisboa) (3), de Dominique Grandguillot, presenta de manera muy pedagógica, con recuadros y gráficos, los puntos clave de este cuasi clon de la “Constitución” rechazada por los franceses y los holandeses hace dos años. En Le Traité de Lisbonne en 27 clés (El Tratado de Lisboa en 27 claves) (4), el diplomático Etienne de Poncins, director del gabinete de Catherine Colonna –ministra de asuntos europeos en los gobiernos de Raffarin y de Villepin–, y por lo tanto, familiarizado con las negociaciones, como puede constatarse en su obra, confirma esta similitud: “El Tratado de Lisboa ciertamente no es una Constitución y no tiene ninguna ambición en ese sentido, pero las disposiciones sustantivas siguen siendo sorprendentemente cercanas al antiguo tratado constitucional”. Precisamente por esta razón, en el “Mini-traité” européen. La Constitution par la force (“Mini Tratado” europeo. La Constitución por la fuerza) (5), Patrice André (seudónimo de un magistrado que parece cercano a la derecha católica), después de haber estudiado también minuciosamente el Tratado, fustiga el rechazo de Nicolas Sarkozy a someterlo a un referéndum, ya que lo que el pueblo ha decidido sólo puede ser cambiado por el pueblo.

Sin embargo, la polémica sobre el modo de ratificación del Tratado de Lisboa no es más que el síntoma visible y mediatizado de un mal mucho más profundo: la ilegitimidad democrática de la Unión Europea. Sólo muy ocasionalmente el Tratado es mencionado por los dirigentes políticos de los partidos en el gobierno de cualquier orientación y de todos los países. Como si temieran que la menor puesta en evidencia de la más mínima grieta llevara al desmoronamiento de un edificio en el cual tanto han invertido, y fuera del cual son incapaces de razonar. Así, a la manera del erizo que se hace una bola y saca todas sus púas como un reflejo de autodefensa, la reciente declaración de principios del Partido Socialista francés conjura por anticipado, como si se tratara de una fuerza demoníaca, cualquier tentación disidente: “El Partido Socialista es un partido europeo que actúa en la Unión Europea, que no solamente la ha deseado sino, en parte, concebido y fundado”. Sin embargo, algunos pocos dirigentes tienen un discurso más libre, como Jean-Claude Juncker, primer ministro de Luxemburgo y presidente del Eurogrupo, que declaró en junio de 2006: “Europa no está en problemas a nivel de sus dirigentes, sino de sus pueblos”.

Esta confesión sorprendente, pero lúcida, rompe de tal manera con el discurso acordado, que los colegas de Juncker juzgaron contraproducente comentarlo públicamente. Los adultos no hablan de cosas serias delante de los niños… Los trabajos de algunos universitarios e investigadores, incluyendo los más favorables al proyecto europeo existente, rompen felizmente con esta forma de pacto de silencio. Difícilmente se pueda ser más “pro Bruselas” que la Fundación Robert Schuman. Sin embargo, en L’État de l’Union (El Estado de la Unión), del cual es coeditora, puede encontrarse, firmado por su director de estudios, Thierry Chopin, también profesor en el Collège d’Europe (de Brujas), las siguientes expresiones que confirman las de Juncker: “Nacida en los años ’50, la construcción europea es el producto de una gestión funcionalista que se tradujo en un sistema político que deja poco lugar al debate democrático. La convicción de actuar por el bien de los pueblos no ha estado acompañada por su asociación a los procesos de decisión”. Todo ocurre como si los ciudadanos hubieran mirado pasar el tren blindado de las elites europeas sin ser invitados a subirse, y sin tener siquiera ganas de hacerlo.

Más adelante, el autor disipa las ilusiones que mantiene el discurso en boga, en particular en Francia, sobre la “Europa de los proyectos” y la “Europa de los resultados”, en el cual ve una simple reactualización del famoso “método Monnet” de sus orígenes. Un método que acopla el funcionalismo (6) y la burocracia: “Las elites europeas (políticas, administrativas o académicas) ya no pueden esperar justificar las decisiones tomadas en Bruselas ni las acciones llevadas a cabo a posteriori en nombre de los pueblos, apoyándose exclusivamente en los resultados obtenidos”. Y no tendrán más éxito redoblando los esfuerzos de “comunicación” y de “información” (otros hablarían de condicionamientos). En efecto, resulta ingenuo creer que “el desacuerdo de los opositores con algunas decisiones y con algunas acciones de la Unión sólo traduciría una incapacidad para captar los beneficios de las políticas de la Unión, y que entonces bastaría con explicar lo que hace ‘Europa’ para generar la adhesión de los ciudadanos”. Así, para Chopin, “hay que llevar hasta su extremo las consecuencias de esta duda metodológica, restableciendo el hilo de la legitimidad”.

Podría pensarse que la gravedad de este diagnóstico terminaría en la prescripción de una terapia de shock. Pero las propuestas que presenta el autor –identificación de “quién hace qué” en la Unión, transparencia y publicidad de las reuniones del Consejo de Ministros cuando se reúne como legislador, extensión de los ámbitos de co-decisión del Parlamento y del Consejo, reparto de la iniciativa legislativa entre la Comisión, el Parlamento y los gobiernos de los Estados miembros– no tienen nada particularmente radical. En todo caso, no están a la altura de los desafíos que él mismo ha señalado. Se llega en este caso a los límites de un ejercicio que no quiere ni puede –estamos en la Fundación Robert Schuman…– liberarse de la arquitectura y los equilibrios de la Unión realmente existente. Aun cuando las propuestas mencionadas más arriba se implementaran, en el mejor de los casos servirían como un calmante provisorio para una patología cuya gravedad supera de lejos el perímetro del “triángulo institucional” Comisión-Consejo-Parlamento.

Hablando de instituciones, hay una cuarta, no mencionada en la anterior lista de proyectos, sobre la cual resulta imperativo dirigir el proyector democrático: la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas (CJCE), rebautizada por el Tratado de Lisboa como Corte de Justicia de la Unión Europea (CJUE). En una brillante contribución a la obra colectiva (de naturaleza instructiva) Une Europe des élites? Reflexions sur la fracture démocratique de l’Union européenne (¿Una Europa de elites? Reflexiones sobre la fractura democrática de la Unión Europea) Antoine Vauchez, encargado de investigaciones en el Centro Nacional de la Investigación Científica (CNRS, por su sigla en francés), explica cómo esta alta jurisdicción, por un golpe de fuerza que en su momento no suscitó ninguna reacción, se dotó a sí misma de poderes desmesurados en el funcionamiento de la Unión.

El “triángulo mágico”

Todo se remonta a dos resoluciones –Van Gend & Loos, del 5 de febrero de 1963, y Costa c/ENEL, del 15 de julio de 1964– en las cuales la Corte implementa el “triángulo mágico” que va a ser el verdadero motor de la integración europea: primacía del derecho proveniente de los tratados sobre los derechos de los Estados miembros; efecto directo de las decisiones; y la remisión prejudicial (7). A partir de estas resoluciones, comenta Vauchez, se desarrolla “una verdadera teoría judicial de la integración que hace del derecho y del juez comunitario el armazón de la propia política europea”; y este derecho “aparece desde ese momento como portador de un verdadero ‘modelo político’ que vincula estrechamente derecho y política europea, juez e integración”. Y esto en perfecta connivencia con la Comisión y el Parlamento Europeo.

La Corte utiliza estas armas temibles para aplicar el derecho en general y el derecho social en particular. Así, en diciembre de 2007, y en nombre de la libertad de establecerse, le dio la razón a la empresa finlandesa de transbordadores Viking Line que quería deslocalizarse a Estonia para pagar los salarios de ese país y no los de Finlandia. Por otra parte, y esta vez en nombre de la libertad de prestación de servicios, dio lugar a la denuncia de la sociedad letona Laval que, en la obra en construcción de una escuela en Suecia, pretendía pagar salarios en Letonia y no en Suecia. Finalmente, en abril de 2008, con la resolución Rüffert, invalidó una ley del Land (Estado federado alemán) de Baja Sajonia que obligaba a las empresas de trabajos públicos a aplicar la convención colectiva de ese sector en el otorgamiento de licitaciones.

Con la jurisprudencia que ha creado, la Corte de Luxemburgo se comporta como legislador del dumping social en el seno de la Unión, ignorando el derecho laboral de los Estados miembros. De este modo, no se trata de un papel político menor.

Uno de los méritos de esas resoluciones es recordar que la cuestión del contenido de las decisiones comunitarias –tanto provengan de Bruselas, de Estrasburgo o de Luxemburgo– no puede disociarse de los procedimientos adoptados para tomarlas. Ahora bien, los trabajos de ciencia política se centran principalmente en estos procedimientos, sin abordar el fondo. Sin embargo, se observa que el “modelo político” europeo está basado en una estrecha articulación (para no hablar de integración) entre las disposiciones de los tratados (8) y el contenido de los instrumentos jurídicos (decisiones, directivas y reglamentos) que los concretan, así como las instituciones que los adoptan.

Desde este punto de vista, la Corte es una pieza central del dispositivo comunitario, porque permite llenar las posibles “lagunas” legislativas y extender sus propios territorios de intervención, como lo ha hecho sistemáticamente la Comisión, utilizando en todos los niveles el arma de la competencia. Sus resoluciones van, sin embargo, siempre en el mismo sentido: el de la asimilación del “interés europeo” a las sacrosantas “libertades fundamentales” de circulación de los capitales, de las mercancías, de los servicios y, la única que merece ese calificativo, de las personas. Si otra forma de construcción europea hubiera, en lugar de producir políticas neoliberales sin descanso, tomado medidas de armonización social o fiscal de alto nivel, y puesto las finanzas al servicio del empleo y no a la inversa, nada indica que hubiera padecido el mismo grado de “fractura democrática” que caracteriza la actual configuración de la Unión. Otro “funcionalismo”, una “Europa de resultados” pero con otros logros, habría tal vez podido conferirle la legitimidad que le falta.

En el desencanto respecto de la Unión se mezclan aspiraciones sociales frustradas o burladas y sentimientos de confiscación del poder de deliberación democrática. Una de las contribuciones eruditas de L’Europe telle qu’elle se fait (Europa tal como se la hace) es especialmente esclarecedora en este sentido. Trata el caso de los cazadores de animales acuáticos en el humedal de Grande Brière Mottière, en Loire Atlantique. Una categoría social nada popular en los medios de comunicación… El autor, Julian Mischi, encargado de investigaciones en el Instituto Nacional de Investigación Agronómica (INRA, por su sigla en francés), muestra que los habitantes de la Brière son en su mayoría asalariados de las industrias de Saint-Nazaire, para los cuales la caza, “un marcador de solidaridad a través de los intercambios y regalos de animales de caza” es “en general practicada con un sentido más recreativo que consumista, y permite la prosecución de una tradición de auto-subsistencia”.

Para los habitantes de la Brière, esta conquista de la Revolución aparece directamente amenazada por las directivas europeas sobre las fechas de apertura de la caza, decididas sin ser consultadas, y por el programa Natura 2000, cuando ellos aseguran que administran el humedal “como buenos padres de familia”. Por otra parte, “al tener el sentimiento de que la Brière es demasiado ‘chic’ para los obreros y que deberían irse hacia los barrios proletarizados de Saint-Nazaire, los habitantes del humedal temen ser desposeídos de su territorio”.

El combate contra el frente común formado por Bruselas y los ecologistas urbanos, provenientes de la clase media de la Liga de Protección de los Pájaros (LPO, por su sigla en francés), se nutre así en un registro de clase: “Luchar contra las directivas europeas es no sólo oponer la nación que proviene de la Revolución con la Europa anglosajona, sino también al pueblo francés contra la elite de Bruselas, el ámbito popular con la Europa de los expertos”. El autor no trata a los cazadores de “pequeños burgueses conservadores” sedientos de sangre. Considera que, “al unir la protesta anti-europea con las condiciones sociales y políticas que la provocan, se trata de darle un sentido al rechazo popular a la construcción europea, con demasiada frecuencia estigmatizado bajo la etiqueta de ‘populismo’”.

Por más específico que parezca, el caso de la Brière (donde ningún funcionario de Bruselas ha puesto jamás sus pies, salvo en vacaciones) es emblemático de un desacople entre los lugares de poder europeos y los espacios afectados por sus decisiones, sin que tengan posibilidad de expresar sus ideas. “Si esta tendencia se confirma”, escriben Olivier Costa y Paul Magnette en su introducción a Une Europe des élites? (¿Una Europa de elites?), “la idea según la cual la Unión hace políticas públicas (policies), pero no política (politics), mientras que los Estados hacen política, pero cada vez menos políticas públicas, se vería corroborada”. Retomando esa dualidad policies/politics, el gran desafío de la construcción europea es inyectar política, por lo tanto conflictividad, a escala supranacional y, simultáneamente, volver a dar poder a escala nacional, no sólo de forma simbólica, a aquellos a quienes desde hace años se les dice “hablen nomás”.

Los ciudadanos, fuera

Una tarea doblemente ardua, si no imposible en el marco de los tratados vigentes. Por un lado, porque las instituciones ya colocadas fuera del alcance de la intervención directa o indirecta de los ciudadanos (Comisión, Corte de Luxemburgo, Banco Central Europeo) no son adeptas a la teoría de los vasos comunicantes, y no tienen ninguna intención de ceder la menor parcela de poder, apoyadas como están por la gran mayoría de los Veintisiete. Por otro, porque el poder europeo no se reivindica como “política” en el sentido que reviste el término en los asuntos internos de la mayoría de los Estados miembros. En estos últimos subsiste la noción de alternancia basada en la división tradicional entre izquierda y derecha (aun cuando las políticas llevadas a cabo por una y otra sean muy parecidas). La Comisión está compuesta por personas que provienen de los partidos socialdemócratas, liberales, demócratas cristianos y conservadores. Cubre sus decisiones colegiadas con un manto “técnico”, ya que el liberalismo económico no es considerado por ella como una opción política, sino como un dato de la naturaleza.

Si a esto se agrega que el Parlamento europeo está co-gestionado por sus dos partidos dominantes –el Partido Socialista Europeo (PSE) y el Partido Popular Europeo (PPE), que reúnen las diversas sensibilidades de derecha– y que el Consejo Europeo (cumbre de los jefes de Estado y de gobierno) toma sus decisiones por unanimidad, no se ve la manera de encontrar en ese nivel institucional marcas nacionales. Ahora bien, para Costa y Magnette, “ningún espacio público puede construirse haciendo una economía de la confrontación y de las crisis que engendra. Nuestras democracias nacionales no se habrían conformado sin los grandes conflictos que opusieron a los constructores del Estado central con los defensores de las periferias, los guardianes del orden moral con los promotores de las libertades públicas, los intereses de las clases dominantes con los de los trabajadores… Hoy todavía, nuestras democracias viven ampliamente de la perpetuación de esos conflictos estructurantes”. Pero, ¿es posible pensar en tales “conflictos estructurantes” en la escala de la Unión?

En ausencia de un espacio público europeo, en el cual las sucesivas ampliaciones a nuevos países hacen que el horizonte se aleje cada vez más, estos conflictos tomarán inevitablemente la forma de confrontaciones entre Estados. ¿Quién puede pensar que, con lo que les queda de soberanía, los gobiernos minoritarios “de izquierda” –y todavía más sus ciudadanos– aceptarían ser colocados bajo la férula de un ejecutivo comunitario “de derecha”? O a la inversa. Lo que se acepta en el espacio público nacional no es extrapolable al nivel supra-estatal, por lo menos en un plazo históricamente previsible. La “despolitización” inducida por el aparato institucional sólo es, evidentemente, aparente, ya que camufla opciones sistemáticamente liberales. Pero sirve de justificación implícita para los consensos de hecho, mientras que las grandes ceremonias de las cumbres europeas parecen sellar compromisos entre Estados.

El dilema democrático parece resumirse así: o bien la necesaria conflictividad política se instala en las instancias de la Unión, y ésta estalla en pedazos; o bien sigue confinada al nivel de los Estados y, a falta de “trigo para moler”, se transforma progresivamente en un cuestionamiento de la Unión. Teóricamente existe una tercera vía que Costa y Magnette mencionan sólo para recordarla, y que gozaría del favor de las elites, porque no haría otra cosa que ratificar el statu quo: “Que la Unión invente un modo de regulación perfectamente apolítico, apoyado enteramente en la deliberación de expertos, juristas y representantes de intereses, sin suscitar la resistencia de los lugares políticos históricamente construidos”.

En una obra cuyo título es un guiño a Marx, L’Idéologie européenne (La ideología europea), de lectura no recomendable para europeístas sensibles, Benjamin Landais, Aymeric Monville y Pierre Yaghlekdjian esbozan el retrato de esos “expertos” que anticipan ya el “fin de la historia” sobre el Viejo Continente y el advenimiento de un “hombre europeo”, sin suelo y sin clase: “Equilibrista del justo medio entre lo falso y la nada, dramático homenaje del mediocre al vicio, el experto, el especialista, emerge de un montón de estadísticas como de un mar donde el público nunca se ha zambullido, donde él solo, el experto, el especialista, irá a recoger los inestimables corales que justifican que prosiga el orden de las cosas. Porque la política ‘europea’ (euro fuerte, librecambio mundial, reducción del poder de los Estados) aspira a ser defendida por expertos, pero nunca juzgada por sus resultados”. Los autores, que señalan su pertenencia al Partido Comunista, responden al dilema democrático mencionado más arriba rehabilitando al Estado-nación como primer marco pertinente de la capacidad de intervención de los ciudadanos.

Tomando un ejemplo preciso, destrozan la reivindicación de “servicios públicos europeos” presentada por un arco de fuerzas que va del Partido Socialista a los movimientos altermundistas: “Es decretar, de entrada, que la movilización social que puede tener lugar en nuestro país sobre este objetivo preciso sólo tiene una legitimidad reducida, que depende del lugar de Francia en la Unión, y de esperar una posta, muy contingente, para esta lucha en otro país miembro”. Es aumentar los riesgos de derrota, al rebajar la noción de servicio público “a la de una ‘excepción francesa’, rápidamente interpretada como una anormalidad fundamental y peligrosa por los apóstoles mediáticos del liberalismo”.

Este libro toma sin evasivas una doble posición sobre Europa: nacional, basada en la soberanía de cada pueblo; y de clase: trabajo contra capital. Esta postura se ha vuelto tan rara que uno se pregunta qué editor francés asumió el riesgo de publicarla. Hecha la verificación, la editorial Aden tiene su sede en Bruselas. ♦

REFERENCIAS

(1) Anne-Cécile Robert, “La Unión Europea de una crisis a otra”, Informe-dipló, 19-06-08, www.eldiplo.org

(2) El Tratado firmado en Lisboa el 13 de diciembre de 2007, denominado “simplificado”, se presenta como una serie de 294 modificaciones al Tratado de Roma (1957) y de 62 modificaciones al Tratado de Maastricht (1992), sin contar los 34 protocolos y las 65 declaraciones. Para percibir su alcance, hay que tener los textos originales presentes. Véase “Resurrección de la ‘Constitución’ Europea”, Informe-dipló, 14-12-07, www.eldiplo.org

(3) Dominique Grandguillot, L’Union européenne après le Traité de Lisbonne, Gualino, París, 2008.

(4) Etienne de Poncins, Le Traité de Lisbonne en 27 clés, Lignes de repères, París, 2008.

(5) Patrice André, “Mini-traité” européen. La Constitution par la force, François-Xavier de Guibert, París, 2007.

(6) El funcionalismo y el neo-funcionalismo son dos teorías utilizadas con frecuencia para dar cuenta de la construcción europea. La primera postula que el interés general está mejor garantizado por expertos “imparciales”. La segunda le otorga un lugar preponderante a la dinámica interna de la Unión, así como a los actores no estatales, particularmente a la Comisión y a los grupos de interés (multinacionales, sindicatos, lobbies). Ésta es la formalización intelectual del “método Monnet”.

(7) La remisión prejudicial le permite a cualquier juez nacional encargado de un asunto que pone en juego el derecho comunitario aplazar su decisión mientras solicita a la Corte de Justicia que interprete la cuestión de derecho en cuestión.

(8) En “Dès 1958, la ‘réforme’ par l’Europe”, Le Monde diplomatique, París, noviembre de 2007, François Denord mostraba que los tratados europeos fueron concebidos desde su inicio como máquinas para liberalizar.