Los tiempos modernos exigen decisiones radicales, llenas de originalidad: utilizar mecanismos alternativos de justicia –como el arbitraje– es una de ellas.
Los vertiginosos cambios que se vienen produciendo en la vida contemporánea obligan a repensar varias instituciones, todas aceptadas desde siglos, sin mayores cuestionamientos. La organización del Estado y su vinculación al concepto de nación, por ejemplo, tiene que ser seriamente revisada. La globalización y su subsecuente caída de fronteras; el adelanto de las comunicaciones y sus distintas fórmulas; el todavía inexplorado mundo informático y todo lo que sobre el mismo queda por descubrir, obligan a cuestionar paradigmas y buscar alternativas. Es probable, entonces, que en las próximas décadas, la humanidad tenga que asumir cambios sustantivos en todo orden de cosas.
Desde que el hombre está en la tierra y empezó a vivir en comunidad, fue necesario concebir dos instrumentos fundamentales para una supervivencia pacífica: las reglas de convivencia y la autoridad encargada de velar por su cumplimiento. Y es que son suficientes dos seres humanos para que sea menester que existan normas de conducta, de un lado, y quién de ambos debe garantizar su respeto, de otro lado. De otra manera, simplemente, no habría sociedad organizada.
El Derecho es eso: un conjunto de normas de comportamiento, generales y de obligatorio cumplimiento por todos. Cómo se generan dichas disposiciones mandatarias, ha sido un permanente y sucesivo ejercicio de mejoramiento hasta llegar al concepto de soberanía popular, expresión de representantes elegidos para tales quehaceres.
La autoridad encargada de hacer respetar esas normas o de sancionar su incumplimiento, es, en las sociedades modernas, el sistema de justicia; es decir, los magistrados jerárquicamente organizados, designados para dicho fin e investidos de la máxima expresión del Estado: el poder de coerción. Y es que cualquier controversia sometida a la decisión de los jueces, o toda sanción impuesta por ellos, implica la posibilidad, legalmente autorizada, de ejercer la fuerza para que se cumpla o, en el segundo caso, eliminar la libertad peatonal de las personas.
Es evidente, de un tiempo a esta parte, que nuestro sistema de justicia (y no necesariamente estamos refiriéndonos a la realidad peruana), está colapsado. No se trata de hacer un nuevo diagnóstico –los hay en demasía– sino simplemente de aceptar que el actual mecanismo de justicia ha dejado de funcionar; paulatinamente no ha podido satisfacer las crecientes exigencias de los nuevos tiempos, motivo por el cual se encuentra en un franco desfase entre lo que socialmente se requiere y lo que dicho Poder del Estado puede brindar.
Controversias privadas de índole patrimonial, perfectamente solucionables me¬diante mecanismos alternativos pero que, sin embargo, siguen tramitándose en el Poder Judicial, demorando años, convocando sentencias contradictorias y pronunciamientos impredecibles, adicionalmente a frecuentes corruptelas, constituyen el mejor retrato de que la justicia oficial simplemente no está a la altura de las circunstancias y debe sustituirse creativamente.
La idea, entonces, es privatizar –por incluir un término de uso corriente en estos tiempos para todo efecto– la justicia; en otras palabras, formalizar un nuevo sistema para resolver diferencias patrimoniales, como el arbitraje, disponiendo su utilización obligatoria como alternativa expeditiva, predecible y eficiente para administrar justicia.
Es verdad que han existido varios intentos para desjudicializar conflictos, obligando, incluso al propio Estado, a resolverlos a través de la conciliación y el arbitraje, pero sin los resultados esperados. Pero esa debiera ser la dirección en la que hay que insistir, a todo nivel y compulsivamente, comprendiendo a las controversias privadas; todo, por cierto, acompañado de una amplia y sostenida política de promoción y difusión que haga que la gente entienda que el nuevo mecanismo de administrar justicia –el arbitraje– será más rápido y seguro.
El tema, en consecuencia, está planteado: hay que privatizar la justicia, convocando a los colegios profesionales, universidades, centros académicos e instituciones especializadas para que dispongan de lo mejor, a los efectos de crear un sistema de solución de conflictos socialmente aceptado y reconocido. Las decisiones constitucionales y legales que correspondan, deben ser asumidas por los responsables de su ejercicio.
Los tiempos modernos nos exigen, muchas veces, retos de creatividad. Para ello es necesario deshacerse de mitos trasnochados; derrumbar instituciones desfasadas; evitar realidades indeseadas. El Poder Judicial y la autoridad de que se encuentra investido, como se ha anticipado, no están funcionando y, por consiguiente, están incumpliendo la función asignada. Es indispensable dejar de intentar una nueva reforma (ya ha habido varias a los largo de las últimas décadas, todas sin resolver los problemas), y concentrarse en la dirección de entregar las tareas de la justicia a mecanismos alternativos, probadamente más eficientes y expeditivos –como el arbitraje– además, alejados de corruptelas y destinados a revertir la repulsa social, a fin de lograr el indispensable reconocimiento comunitario para mantener la paz.
