Este 9 de marzo se celebran elecciones generales en España. Las encuestas de finales de febrero indicaban una paridad relativa en las intenciones de voto, lo que indicaba una fuerte progresión del opositor Partido Popular (PP). Desprestigiado por su apoyo irrestricto a la política exterior de George W. Bush (invasión de Irak; golpe de Estado contra Hugo Chávez, etc.) y sobre todo por las burdas mentiras difundidas en ocasión de los criminales atentados de Madrid (véase Ramonet, pág. 5), el PP había remontado en parte gracias a la presión, por momentos feroz y desvergonzada, de grupos de comunicación adictos y en parte gracias a las vacilaciones y medias tintas del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (véase Bustamante, pág. 6). Por ejemplo, para valorar la política social del gobierno socialista, no sólo hay que observar su actividad progresista en lo normativo, sino también la realidad presupuestaria (véase Alaminos, en ésta página). Se impuso una lógica contable en la que el equilibrio presupuestario y la aspiración de superávit fueron la premisa para toda la legislatura. Es decir, una perspectiva macroeconómica cuya función principal ha sido mantener sa¬neadas las cuentas del Estado. En resumen, una política económica profundamente conservadora. Estos factores hacen que las elecciones españolas se presenten de resultado incierto, pero de serias repercusiones internacionales si se impone la derecha.
“Para otros, hemos conseguido logros que hubieran justificado más de una legislatura” (1), según el balance del Presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sobre su política social del gobierno. Considerando la actividad legislativa desarrollada, la afirmación es cierta. Así, el 4,7% de la actividad legislativa del segundo gobierno de José María Aznar (9 leyes de las 191 aprobadas) tuvo carácter social. En el caso del gobierno del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha sido el 14,9% (25 leyes de las 167 aprobadas). Con referencia a la actividad de legislaturas anteriores, parece correcto afirmar que la acción del gobierno socialista en políticas sociales equivaldría al menos a tres conservadoras. Así, entre lo que el gobierno denomina los diez grandes pasos de la legislatura se encuentran cuatro que son claramente de política social: Ley de Dependencia; Ley de Igualdad; Ley contra la Violencia de Género y Nuevos Derechos de los Ciudadanos (matrimonio del mismo sexo, divorcio express, ley lengua de signos) (2). El balance sería pues positivo. Sin embargo, además de la extensión de estos derechos esenciales para dignificar la vida cotidiana, es importante considerar de qué modo la política presupuestaria acompañó el proceso de reducir las desigualdades sociales y dar un sustento económico digno a la acción legislativa.
El balance gubernamental conjuga la afirmación de una eficaz política social y de extensión de derechos junto a un equilibrio y superávit presupuestario. Un viejo tópico, no por ello cierto, afirma que los gobiernos conservadores ahorran y los socialdemócratas gastan. Sin embargo, el equilibrio presupuestario alcanzado, con superávit y reducción de deuda, ha sido superior en la legislatura socialista que en las conservadoras anteriores.
Así, la política social ha estado condicionada por la política rígida de control presupuestario y por la descentralización de competencias (es el caso de la Ley de Dependencia), o por las resistencias culturales de parte de la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de la Ley de Violencia de Género.
Asignaturas pendientes
En cierto modo, la legislatura socialista puede considerarse como un espejo de la precedente de derechas. En las legislaturas del PP, la acción normativa referida a las privatizaciones masivas supuso actuaciones de baja repercusión social y elevada trascendencia económica. En la de Zapatero, la legislación social ha tenido elevada trascendencia social y una limitada repercusión económica.
¿Ha desarrollado la legislatura de Rodríguez Zapatero una política social de izquierdas? El balance es desequilibrado. La excelente actuación en el campo de los valores no ha tenido correlato en lo económico. Lo afirma expresamente el gobierno. Sus logros han sido “mejorar la vida de las personas, ampliar sus derechos ciudadanos, ayudar a quienes se encuentran en situaciones de especial dificultad y fortalecer a España” (3). Ciertamente se ha atendido a las situaciones más extremas, con mejoras significativas pero insuficientes, teniendo en cuenta las dimensiones de los problemas. Aunque se afirma que “este gobierno ha cumplido su promesa de dignificar las pensiones con subidas muy por encima de la inflación” (4), debe considerarse que el gobierno rechazó la propuesta de Izquierda Unida (IU) de incrementar las pensiones mínimas no contributivas a 360 euros al mes en 2008, presumiblemente por excesiva.
No se ha intervenido en la corrección de los desequilibrios sociales que genera en España el reparto desigual de la riqueza. La sociedad española es en efecto cada vez más desigual. La Encuesta Financiera de las Familias (EFF) (5) elaborada por el Banco de España, señala que: “La renta media del 10% de hogares con mayores ingresos es tres veces la del 50% de hogares con menores renta; mientras que el patrimonio medio del 10% de hogares más ricos es dieciséis veces el del 50% de hogares con menos riqueza”. La profunda desigualdad que se acumula en la sociedad española no ha sido objeto de atención en la política social del gobierno.
Un ejemplo práctico permite apreciar esa dualidad mantenida en su política social. El otro partido en la izquierda, IU, ha apoyado prácticamente todas las iniciativas de carácter social aprobadas en esta legislatura. Algunas de ellas se encontraban incluidas en su propio programa electoral. Por ejemplo la Ley 13/2005, por la que se modifica el Código Civil en materia de derecho a contraer matrimonio, o la Ley 3/2007, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La memoria sobre la actividad parlamentaria de IU comenta: “La regulación del matrimonio entre personas del mismo sexo formaba parte de las reivindicaciones del movimiento Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y era un compromiso programático de Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya i Verds (IU-ICV). Además nuestro grupo había presentado iniciativas en este sentido en legislaturas pasadas, siendo rechazadas” (6).
La sintonía en el ámbito del reconocimiento y extensión de derechos entre los dos partidos de izquierdas –PSOE e IU– ha sido elevada. Sin embargo, esa extensión ha excluido aquello que pudiese ser más conflictivo socialmente. La sintonía encontró sus límites en otras propuestas que no prosperaron, como la Proposición de Ley de Regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, o la Proposición de Ley sobre Disponibilidad de la Propia Vida. En general, las iniciativas del gobierno presentaban previamente una elevada aceptación social. Incluso algunas han sido tomadas por presión de la opinión pública, como la reforma en la responsabilidad penal de los menores, donde al igual que en el cumplimiento total de las penas, el gobierno socialista ha iniciado lo que podría considerarse como un evidente retroceso, apuntalando los elementos tradicionales del castigo frente a los de reinserción.
En conjunto, la mayor parte de la política social aprobada posee un respaldo social amplio, a pesar de su carácter innovador. Es por eso que aun en contra, el PP (que se abstuvo en la votación de la Ley de Igualdad, votó en contra de la Ley de Matrimonios Homosexuales y recurrió ambas leyes ante el Tribunal Constitucional), no ha convertido la derogación de las leyes mencionadas en parte de su programa electoral. Opta por una oposición indirecta, mediante recursos judiciales. En el plano político es cada vez más evidente que las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP boicotean la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. La acción legislativa socialista facilitó de este modo el perfilado ideológico de los partidos mayoritarios y un avance sustantivo en derechos.
Por último, si bien en la aprobación de las leyes sociales más significativas se pueden encontrar entre el PSOE e IU más acuerdos que desacuerdos, esto desaparece cuando se trata de iniciativas que afectan al Presupuesto General del Estado (PGE). Por ejemplo, fueron rechazadas las propuestas de IU (7) de incrementar el gasto en protección social al menos un punto del PIB en 2008, así como incluir en el PGE una partida específica para la financiación del plan de inclusión social. También las propuestas para reforzar las partidas de integración de los inmigrantes, especialmente las destinadas a vivienda, inserción social, educación y sanidad.
O sea, en la producción normativa para potenciar las políticas sociales existía acuerdo entre los partidos de la izquierda parlamentaria, pero cuando se trató dotarlas de aplicaciones presupuestarias el desacuerdo es evidente.
En resumen, ha sido una legislatura en apariencia casi revolucionaria, si se considera el efecto social de algunas leyes. Pero al mismo tiempo profundamente conservadora en los desarrollos presupuestarios de la políticas sociales.
